Translate

Guerra por el agua en Pupìo.

Enviado por Fbalcells el 31/10/2006 a las 10:34
Sabine Drysdale

Productores de Pupío denuncian vicios en la entrega de derechos de agua. Temen que el valle, de aptitud para frutales de alto valor, se seque. Tres querellas enfrenta el Servicio Agrícola y Ganadero por el otorgamiento de derechos de agua a la minera Los Pelambres, propiedad del grupo Luksic, en el valle del Pupío, cerca de Ovalle, IV Región. La Dirección General de Aguas, que consideró técnicamente agotadas las aguas superficiales de la zona, le negó una petición a la minera.

Sin embargo, Pelambres recurrió al SAG, donde sí tuvo acogida. Bajo el amparo de un artículo transitorio del Código de Aguas, el organismo le otorgó derechos de aprovechamiento de aguas del río Pupío por 135,5 litros por segundo. El SAG puede entregar derechos de agua debido a que heredó las funciones de la Cora, y el fundo "Mauro", propiedad de Pelambres, había sido expropiado en 1972 durante la Reforma Agraria.

No obstante, el Comité de Defensa del Valle de Pupío considera que es ilegal la entrega de estos derechos de agua, ya que el fundo fue declarado como de "secano" por la Cora, y en esa calidad fue adquirido por Pelambres.

El agua está prácticamente agotada, dice el agricultor Víctor Ugarte.

Si bien hay 917 derechos inscritos, éstos sobrepasan ampliamente el agua efectiva, ya que el caudal del río Pupío no supera los 200 litros por segundo. Los agricultores temen que si se le suman los 135 litros adicionales que obtuvo Pelambres, el valle se seque. Y como la minera está más arriba, va a sacar primero el agua.

Lo cierto es que en primera instancia el SAG no otorgó los derechos a Pelambres. Ante eso, recurrió a la Contraloría.

"Esta emitió un dictamen que nos obligó a entregar los derechos de aguas", señala un vocero del SAG, lo que es desmentido tajantemente por Fernando Dougnac, abogado de los agricultores. Lo que dijo la Contraloría es que el SAG tenía competencia para pronunciarse sobre la petición de Pelambres, pero jamás que tenía que acceder a ella", explica el abogado.

También acusa que el proceso fue oscuro. "La ley de Procedimientos Administrativos dice que cuando se afectan los derechos de terceros, hay que dar máxima publicidad para que se defiendan, pero nosotros nos enteramos cuando salió publicado en el Diario Oficial. No hubo debido proceso", indica.

En el SAG, en tanto, consideran que la transparencia está precisamente en haber publicado la resolución en el Diario Oficial, tras lo cual los afectados tienen 60 días para apelar.

"Pero no es lo mismo entrar con un gol en contra que antes de que te metan el gol", reclama Dougnac.
Etiquetas:
Comentarios de este artículo en RSS