En forma primaria la responsabilidad del cumplimiento de las normas y procedimientos que aseguren a la población la disponibilidad de alimentos saludables e inocuos recae sobre los productores primarios, elaboradores, envasadores, medios de transporte, establecimientos e importadores.Los consumidores, informados de las características de calidad de los alimentos, deben ejercer su rol adoptando conductas de alimentación saludables e inocuas, que estimulen la oferta de productos con esas condiciones.
Para asegurar el funcionamiento de la cadena de producción y de consumo se debe tener una clara política alimentaria que incluya las producciones agrícolas, pecuarias e hidrobiológicas y sus productos finales. Ella debe incorporar como objetivo central la protección y el fomento de la salud de la población y considerar la importancia económica, social y ambiental que tiene la producción y el consumo de alimentos.
Debido a que la mayoría de los agentes capaces de hacer de los alimentos vehículos de enfermedad no son reconocibles por el consumidor, en el Estado recae la responsabilidad de estructurar sistemas confiables que permitan asegurar su calidad de esos alimentos. Para esto se requiere de la colaboración y coordinación de los organismos técnicos gubernamentales tanto de los ámbitos agrícolas, pecuarios, hidrobiológicos como de salud pública. Estos deben contar con capacidades técnicas y operativas, además de la independencia necesaria para realizar las actividades de fiscalización, monitoreo, análisis y corrección que aseguren la condición de los productos de consumo humano.
Los organismos del Estado que tienen la función de regulación y monitoreo de la producción de alimentos (ministerios de Salud, Agricultura) y de representación del país (ministerios de Economía y Relaciones Exteriores), deben tomar las medidas tendientes a adaptar oportunamente las regulaciones nacionales a e internacionales, para garantizar la salud de los consumidores. Tienen, además, que asegurar prácticas de comercio internacional de alimentos claras y transparentes. Esto implica la necesidad de adoptar tecnologías modernas de producción y gestión en la cadena de producción de los alimentos.
Los recursos físicos y humanos del sector Salud, cuyo desempeño abarca diversas áreas incluyendo la formalización de actividades, la fiscalización y vigilancia de establecimientos, procesos y productos han permitido al país presentar niveles de inocuidad alimentaria acordes con los estándares internacionales, lo que ha servido de sólida base para el proceso exportador en el que estamos inmersos.
Recientemente se incorporó al Reglamento Sanitario de los Alimentos la progresiva obligatoriedad para las industrias del rubro de desarrollar las metodologías de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP). Además, está en desarrollo un proyecto con el gobierno japonés para mejorar la capacidad de los laboratorios de alimentos y capacitar funcionarios de Salud.
En materias de coordinación con otros organismos del Estado, el Ministerio de Salud ha desarrollado áreas de trabajo intersectorial como la revisión y actualización de la normativa nacional de los alimentos, compartir información con el Servicio Nacional de Pesca sobre fenómenos biológicos de interés sanitario en productos del mar y la delegación de la inspección médico veterinaria al SAG. En el cronograma de este trabajo, iniciado el año 2002, considera que en junio de 2007 la totalidad de las industrias de faena de reses y aves, sean para el consumo interno o para el de terceros países, estén bajo la inspección del SAG.
Frente al desafío de "Chile Potencia Agroalimentaria" el Ministerio de Salud ha puesto sus mejores esfuerzos normativos, operativos y de coordinación, para garantizar la inocuidad y la calidad nutricional de los alimentos, ya sean para al consumo interno o para la exportación, con el objetivo de proteger la salud y nutrición de los consumidores y generando en éstos confianza en los productos nacionales.
