Principales tareas La apuesta, en tal sentido, es que los tratados de libre comercio con la UE, EE.UU., China, Corea, Nueva Zelandia, Singapur, Brunei y el Efta ya firmados, y los en carpeta con Japón y la India, efectivamente contribuyan, más allá de las cifras macroeconómicas, a la reducción de la pobreza. Sobre esa premisa, las tareas son varias. La primera, ver cuál será el destino de la pequeña agricultura, el agro familiar campesino, frente a los acuerdos comerciales. Hasta aquí, según las propias palabras del Ministro Campos en Enagro 2005, la inserción de este segmento es de 10 mil productores, sólo el 3,8% del total. Definir una política clara frente al tema es un punto de partida vital, que más allá de los afanes éticos, tan presentes en los discursos, permite una estabilidad social sobre la cual gobernar. Otro tema a subrayar de la agenda es qué ocurrirá con el agro que sustituye importaciones. Por sobre temas puntuales como las bandas de precio o el efectivo control de productos importados por parte de Aduanas, frente a la importación de trigo, harinas y otros, el punto de fondo es si existe una política clara, global, estructurada, para la agricultura que sustituye. En una pregunta: ¿Chile se va a abastecer a través de importaciones de este tipo de productos y dejará de producir, aparte del trigo, legumbres, maíz, etc.? Ligado a los dos temas anteriores está el del financiamiento, un mal endémico que obliga al agricultor a acudir a fuentes como los factorings, los préstamos de empresas de insumos y otras vías no institucionales. Generar un canal de financiamiento estable, es, en tal sentido, un prerrequisto para alcanzar los puntos antes mencionados. Para el agro exportador, ya consolidado, en los próximos cuatro años se abre, literalmente, una ventana al mundo. Aquí dos instituciones son verdaderas bisagras. Primero, el Servicio Agrícola y Ganadero, cuya modernización urge, para concretar efectivamente las opciones de los TLC. En la medida que caen los aranceles, suben las barreras paraarancelarias, situación para la que el SAG debe estar preparado técnica y presupuestariamente. En definitiva, se trata que el próximo Gobierno y el Ministerio de Hacienda, por cierto, entiendan el rol estratégico de la institución. Un solo dato: según un estudio de APA Asprocer, el costo de un foco de mosca de la fruta para el país es de $ 500 millones. De la mano del SAG, está el rol de ProChile o el ente encargado de tentar y mostrar la oferta silvoagropecuaria chilena, la vitrina, digamos. Aquí, el punto es más estructural, en definitiva, revisar los objetivos de la institución y si efectivamente cumple con ellos. Contar con índices de resultados efectivos de las actividades realizadas en el exterior. Sobre esa base, al igual que con el SAG, encontrar una fórmula de asignación de recursos coherente con un sector que aspira a exportar para 2010 US$ 14 mil millones, por lo bajo. Normas ambientales Pero si hay un tema candente para las exportaciones silvoagropecuarias y que se cruza con los TLC, son las normativas medioambientales y laborales. En el primer punto, el caso Celco dejó en evidencia la precariedad fiscalizadora chilena. No es exagerado decir que el éxito de los acuerdos pasará por ambos puntos, si se considera la preocupación que tiene el consumidor desarrollado. Dar garantías a los mercados de destino de que en Chile se cumplen a cabalidad estas normativas es un buen blindaje frente a boicots y a presiones corporativas de países competidores. Aquí tanto la Conama como la Dirección del Trabajo son instituciones que requieren de una revisión profunda. En fin, la lista suma y sigue.