Fernanda Quinteros
Revista del Campo
Por casi un año los máximos representantes de los temporeros, empresarios y de los ministerios del Trabajo y Agricultura han estado enfrascados en intensas discusiones. Su objetivo es ambicioso: crear un nuevo marco de relaciones laborales para la industria frutícola. Como lo demostraron las masivas y a veces violentas manifestaciones de temporeros del año pasado en Copiapó, el tema laboral es uno de los flancos más complejos para el futuro del sector frutícola.
Por un lado porque los requerimientos del consumidor de los países desarrollados, en cuanto a protección laboral, son crecientes, por lo que es necesario un "up grade" de las normativas actuales. También está claro, para todos los protagonistas, que las leyes del trabajo son un traje a la medida para las industrias urbanas. Pero aplicadas al sector rural se convierten en una camisa de fuerza que limita la capacidad de generar ingresos, tanto a los empresarios como a los trabajadores.
En tanto, los trabajadores agrícolas buscan mejorar condiciones laborales que no son siempre las mejores en términos del lugar de trabajo, sueldos, horarios o seguridad, tanto porque hay empresarios que no cumplen con las normas, como porque muchas de éstas no son las adecuadas para el sector.
Debido a todo ello, hace un año, ambos lados tuvieron la disposición para el avance y se sentaron a la Mesa Permanente de Diálogo del Sector Frutícola en busca de puntos de encuentro.
Los empresarios fueron representados por Asoex, Fedefruta y Aconex y los temporeros por los sindicatos más importantes del sector. En una primera instancia sólo fueron ellos, pero en el segundo semestre se sumó el Gobierno, con entidades como la Dirección del Trabajo y las subsecretarías de Agricultura y Trabajo.
Con las discrepancias y consensos en la mesa, se llegó a una propuesta que contiene las bases del estatuto del temporero. Este documento ya está en manos de las autoridades, que deben definir los pasos a seguir en el Congreso.
"Estos avances son fruto de las buenas relaciones y del convencimiento de que el diálogo social es la vía para avanzar", señala Ronald Bown, presidente de Asoex.
Partieron por hacer una definición laboral del temporero. Como dice Yésica Vera, vocera de Aconex, es "un reconocimiento a las condiciones reales en las que se desarrolla el trabajo agrícola".
A continuación, los nueve puntos del futuro Estatuto del Temporero.
1 PREVISIÓN SOCIAL Y DE SALUD EFECTIVA Y PERMANENTE. Los temporeros acusan que las cotizaciones no les alcanzan para jubilar; por lo tanto, esa es la primera situación a resolver. "Junto con esto, estimamos que un sistema especial de registro de trabajadores de temporada permitiría una mejor delimitación de su trabajo y los beneficios asociados a ellos", comenta Vera.
2 PROTECCIÓN LABORAL: Se espera avanzar en la sindicalización y la negociación colectiva, pero se debe partir por regularizar la situación de los contratos. Los empresarios piden alargar el plazo para escriturarlos, ya que a veces los cinco días estipulados hoy, no son suficientes cuando son contrataciones masivas.
"Proponemos que las personas con más de tres años laborando en el área, sean consideradas como trabajador para los efectos legales. Eso le permitiría el acceso a los sistemas de apoyo del Estado", explica Raúl Aravena, presidente de la Coordinadora Campesina de Chile.
3 SUBSIDIOS Y BONOS: Real acceso a beneficios estatales. "El 55% de los subsidios están destinados a las urbes y sólo el 7% al campo. Por eso el sector se está quedando sin gente joven. Hay que tener políticas que ayuden a que se queden", dice Aravena.
Además, se contemplan prácticas como el pago de bonos en dinero para beneficios como el de sala cuna cuando no se puede contar con una. Esto, ante la alta participación de la mujer en el trabajo temporal (cerca del 50%).
4 CESANTÍA: Garantizar, a través del seguro de cesantía, a lo menos el 75% del Ingreso Mínimo Mensual, mínimo cinco meses en el año y luego del término de temporada', explica Bown.
5 SUBCONTRATACIÓN Y PROVISIÓN DE MANO DE OBRA: "Que los suministradores del personal sean empresas debidamente constituidas, para evitar informalidades", afirma Rodrigo Echeverría, presidente de Fedefruta.
Bown agrega que es necesario que las autoridades no pongan trabas al funcionamiento de las empresas de servicios transitorios en la agricultura, ya que garantizan, de mejor forma, el trabajo externo.
"La idea es que estas empresas, que son personas jurídicas inscritas en la Dirección del Trabajo y que tienen boletas de garantía, sean las únicas que puedan prestar servicios externos. Para que no existan contratistas y enganchadores, como personas naturales, que muchas veces abusan y no cumplen con la ley laboral", afirma.
6 JORNADAS ESPECIALES DE TRABAJO: La mayor adaptación de los horarios es uno de los puntos en los que se hace hincapié. "No se trata de flexibilidad laboral, sino de que el trabajador pueda cumplir libremente horas extras, con previo acuerdo de las partes", dice Echeverría. La idea es autorizar pactos directos entre ambos, para establecer jornadas especiales y de horas extras que permitan atender necesidades especiales de cosecha y de embalaje. Esto, sin perjuicio de la voluntad del trabajador.
7 DIÁLOGO: Asegurar la participación en instancias de diálogo directo en materias como las jornadas especiales ya mencionadas y la posibilidad de que el empresario negocie con el sindicato.
8 PRODUCTIVIDAD Y REMUNERACIONES. Se incluye evitar que la ley de la semana corrida restringa en el pago a trato. Además, que se acepte el pago de bonos en dinero para satisfacer necesidades como la de sala cuna. Según los empresarios, la idea es avanzar en el respeto y promoción de los derechos colectivos de los trabajadores agrícolas y en el rol de los Comités Paritarios.
9 CAPACITACIÓN: Se da gran importancia a la formación del capital humano. "Los temporeros necesitan alternativas para aprovechar el tiempo que están desocupados en capacitación u otro tipo de actividades que les generen ingresos y que sean compatibles con la temporalidad de su trabajo", afirma el presidente de Fedefruta.
Revista del Campo
















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Miguel Allamand