por: Jorge  Echeñique L.,  Agraria.

Las empresas asociativas rurales en chile; la historia reciente.

En el transcurso del prolongado gobierno militar que controló el poder hasta 1990, desaparecieron prácticamente todas las expresiones de asociatividad campesina o rural con base económica, en particular aquellas relacionadas con el proceso de Reforma Agraria de 1964 – 73. Sobrevinieron en un clima manifiestamente adverso, algunas aisladas sociedades agrícolas de la Reforma Agraria que poseían colectivamente tierras periféricas, de baja calidad, que el gobierno militar había considerado técnicamente inconveniente dividir y asignar en parcelas individuales, mientras el sector privado había desestimado comprarlas por su pobre potencial.

Estas sociedades agrícolas han venido perdiendo vigencia en los últimos 15 años, junto a las comunidades históricas del Norte Chico, algunas porque desaparecieron pero la mayoría porque perdieron a sus asociados más dinámicos, se envejecieron y pasaron a ejercer un papel más gremial y social que económico. Por otro lado, las comunidades indígenas de raigambre aymara en el Norte Grande o mapuche, pehuenche y huilliche en el Sur, en general nunca tuvieron ni tienen una base económica común y han sido más la expresión del colectivo étnico y cultural de una localidad.
Sí sobrevivieron varias cooperativas a todas las dificultades y aún permanece un número pequeño, pero conformado por empresas asociativas de mediano a gran tamaño. Es el caso de las cooperativas pisqueras ControL y Capel; de las cooperativas lecheras Colbún, Cafra y Chilolac; y de las cooperativas vitivinícolas Curicó, Cauquenes y Loncomilla.
El interés de estas cooperativas, además de su permanencia en el transcurso de casi medio siglo, lo que es señal de fortalezas, es su membresía que asocia a un número mayoritario de pequeños agricultores, junto a medianos y grandes empresarios. Ellas han mostrado, en mayor o menor grado, capacidad de adaptación a las nuevas reglas económicas, flexibilidad para adecuarse a los cambios de los mercados, compitiendo tanto en el exterior como en el mercado doméstico y gestión profesional para administrar con cierta eficiencia los patrimonios colectivos.



El impulso a la asociatividad desde 1990 en adelante y los cambios en la agricultura nacional.

Junto al fortalecimiento de la institucionalidad destinada a brindar apoyo técnico y crediticio a la agricultura campesina que acompaña la instalación del gobierno democrático en 1990, se revitaliza la política de estímulos a la asociatividad y de incentivos a la creación de empresas campesinas.

La fuerte influencia del modelo de desarrollo europeo de la postguerra, así como de las formas de organización colectiva establecidas en la agricultura de los países socialistas y en Israel, han sido elementos que han incidido en la aproximación estratégica de los programas de organización campesina de A. Latina en el último medio siglo. Con mayor fuerza en los países con preminencia de comunidades indígenas en su medio rural, donde la asociatividad ha estado presente históricamente en las estructuras productivas de base campesina, la organización de los productores surgidas de procesos de reforma agraria y programas de desarrollo rural han tenido un fuerte componente asociativo, como el ejido en México o las comunidades y empresas campesinas del área andina de Perú, Bolivia y Ecuador.

En Chile este precedente histórico no existía y sólo en la Reforma Agraria del decenio 1964 – 73 se crean los asentamientos, cooperativas campesinas y otras modalidades asociativas que controlan colectivamente medios de producción o intervienen en la prestación de servicios, comercialización de insumos y productos o intermediación de créditos. El modelo asociativo fue impuesto por las instituciones públicas que estaban a cargo de los procesos de transformación agraria y animación campesina, con la anuencia de sus dirigentes y en muchas ocasiones la resistencia pasiva de la base.

La inexistencia de una tradición asociativa en la cultura rural chilena, facilitó la disolución masiva y el desmembramiento de las organizaciones campesinas de reciente constitución por parte del gobierno militar en el período 1973 – 78.

En 1990 se centraliza en el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) la responsabilidad gubernamental de apoyo a la pequeña agricultura o agricultura campesina, con la finalidad de que este sector social tenga una presencia significativa en el desarrollo económico y agropecuario del país.

INDAP en los últimos quince años ha administrado un presupuesto público acumulado del orden de 2.500 millones de dólares, con el cual ha manejado un programa de créditos para un promedio en el rango de 50 – 70 mil pequeños agricultores anuales, junto a programas de fomento productivo y asistencia técnica para 30 – 50 mil productores al año.



En los últimos veinte años (1985 – 2004) los mayores cambios ocurridos en este sector de la sociedad nacional podrían ser resumidos en cuatro grandes transformaciones:

? Un proceso continuo y gradual de mayor apertura a los mercados externos que ha reducido los aranceles de los intercambios comerciales a tasas mínimas (en ambos sentidos), ha incentivado las exportaciones y ha modificado en profundidad las estructuras productivas de la agricultura chilena. Especialmente importante ha sido la firma de los tratados comerciales con los países del Norte de América (TLC), con la Unión Europea y los acuerdos sanitarios y económicos con los países asiáticos (China, Japón, Corea del Sur). La suscripción de acuerdos como país asociado del MERCOSUR ha sido en cuanto a intercambios menos relevantes para la agricultura chilena y más bien ha sido un fuerte elemento de control de los precios internos de alimentos básicos (carnes, leche, trigo, arroz, maíz) y una amenaza constante de invasión del mercado doméstico de los mismos a menores precios.
La apertura ha significado un gran refuerzo a la marcada vocación exportadora de la agricultura chilena. En el 2004 los embarques de productos de origen silvoagropecuarios, primarios y procesados, alcanzaron la cifra record de 7.400 millones de dólares y las importaciones de los mismos sólo 1.600 millones de dólares, lo que se tradujo en una balanza comercial favorable de 5.800 millones de dólares; misma que en 1984 no superaba los 500 millones de dólares.

? Una acentuada reconversión de la estructura del uso del suelo agrícola hacia los cultivos de exportación más intensivos (fruticultura, viticultura, semillas, hortalizas industriales y flores), los que pasaron a ocupar el 2005 alrededor de 550 mil hectáreas, el doble que en 1985. Como contrapartida se ha reducido violentamente la superficie destinada a cereales, chacras y cultivos industriales, la que ha perdido alrededor de 500 mil hectáreas de siembras en los últimos 20 años.

Esta reducción de la extensión de cultivos anuales ha sido sustituida por la mayor superficie de cultivos de exportación antes indicados y por plantaciones forestales de pino radiata y eucaliptos, principalmente.

? Una significativa modernización de las formas de gestión de las empresas agrícolas y de innovación tecnológica incorporada a los procesos productivos. El epicentro de la dinámica exportadora en el sector primario radica en empresas medianas y medianas grandes, que están cercanamente vinculadas a los mercados (giras, internet, asesorías especializadas); que disponen de financiamiento con el cual han hecho cuantiosas inversiones en nuevas plantaciones, tecnificación del riego, infraestructura; que incorporan tecnología para incrementar eficiencia y reducir costos, a través de la mecanización y automatización de procesos, la optimización en el uso de variedades vegetales e insumos; que incorporan una progresiva preocupación por la calidad y la producción limpia, mediante asesorías especializadas y certificación de productos y procesos; que avanzan en los controles de costos y análisis de resultados, haciendo uso de la computación.

En ciertos rubros como el forestal, aves y cerdos y en una fracción de la vinicultura, el eje productivo se centra en grandes conglomerados integrados verticalmente, los cuales están altamente tecnologizados a lo largo de toda la cadena.

En los cultivos tradicionales de mercado interno y en los rubros pecuarios de consumo nacional mayoritario, la apertura comercial y la caída persistente de los precios internacionales, no ha conducido a una dependencia masiva de productos importados porque también se han producido cambios tecnológicos en pro de la eficiencia y la competitividad, con fuerte aumento de los rendimientos que han compensado la reducción de superficies y con la marginación de las áreas de menor productividad que se han forestado. La contribución de las políticas e instrumentos de I & D, fomento y promoción de las exportaciones, administrados por diferentes instituciones del sector público como el Ministerio de Agricultura (a través de Comisión Nacional de Riego, CONAF, SAG, INIA, FIA e INDAP); CORFO; PROCHILE; CONICYT; y privadas, como la Fundación Chile, ha tenido sin duda un positivo efecto en la transformación modernizadora de la agricultura.

? EL surgimiento de un potente grupo de empresas exportadoras (centrado básicamente en frutas, semillas y vinos); junto a un amplio sector de agroindustrias hortofrutícolas, vitivinícolas, lácteas y procesadoras de carnes, las que se suman a los conglomerados verticales antes indicados.

Este conjunto, que conforman cerca de 250 empresas, juega un rol activo en la articulación de la agricultura nacional con los mercados externos, en la transferencia de tecnologías de producción y de gestión empresarial, en la transmisión de una cultura de competitividad comercial (que incluye la preocupación por la calidad, el medio ambiente e incipientemente por la responsabilidad social de las empresas) e incluso en el financiamiento al sector.

Acompaña a este segmento de exportadoras y procesadoras, un creciente número de empresas de servicios vinculados a la agricultura, el que además de los tradicionales vendedores de maquinarias, equipos e insumos, incluye cada día un más variado repertorio de servicios especializados, los que facilitan la tercerización (outsourcing) en: computación y registros; contratación de mano de obra; labores de prospección y análisis de recursos naturales; trazabilidad, control de calidad, medio ambiente y certificación; agricultura de precisión, etc.

Aunque en la agricultura chilena no se han conformado “clusters” tan estructurados como el del salmón, en las diferentes cadenas por rubro sí se han venido enriqueciendo fórmulas de articulación y vínculo entre los actores (prestadores de servicios, agricultores, exportadores y agroindustrias) como: contratos de producción, proyectos de desarrollo de proveedores, coinversiones y trabajo en red para la promoción de exportaciones. Este es uno de los ámbitos donde talvez la agricultura del futuro tiene que progresar más e innovar con mayor creatividad.

Para enfrentar el desafío de estas evidentes transformaciones y lograr avanzar en la participación de la agricultura campesina en las mismas, INDAP desde 1990 decidió apoyar la generación de sistemas de producción competitivos y empresas agrícolas asociativas eficientes.

Ante la imposibilidad de modificar las reglas del juego del modelo económico imperante e imponer barreras protectoras y mercados ad hoc para la agricultura campesina, se decidió facilitar y apoyar su inserción en las estructuras económicas vigentes y con sus reglas del juego. Para ello se diseñaron estrategias a favor de: la “reconversión” de los rubros más tradicionales hacia aquellos más rentables e intensivos; la exploración de nuevos mercados y formas de vinculación a ellos; el apoyo a nuevas modalidades de gestión de las unidades productivas; y muy principalmente, la promoción de organizaciones comerciales en la pequeña agricultura, es decir la creación de empresas asociativas.

En los documentos institucionales de INDAP se sostenía que “la organización es un elemento clave para el mejoramiento económico, la integración social y el desarrollo personal, familiar y comunitario de los campesinos y pequeños agricultores” (1993). Pero es a partir de 1994 y durante la administración del presidente Frei Ruiz – Tagle, cuando se refuerzan los énfasis y las políticas de apoyo a la formación de organizaciones económicas campesinas.
La decisión política del INDAP de esos años, de dar fuerte impulso a las formas asociativas y a la creación de empresas campesinas se implementa con persistente empuje a través de dos medidas:

- El acceso preferente a financiamiento, subsidios y asistencia técnica, para las empresas organizadas en desmedro de las opciones individuales.

- La transformación de la creación de empresas en un criterio básico de evaluación funcionaria.

Desde un punto de vista teórico es impecable el razonamiento que la asociatividad de los pequeños agricultores es una medida adecuada y en ciertos rubros indispensable para contribuir a su competitividad. En efecto, los argumentos en cuanto a que ella permitiría lograr economías de escala, reducir costos de transacción con el entorno económico, acceder a servicios técnicos y apoyos a la gestión, negociar volúmenes de producción e insumos atractivos para los mercados, iniciar procesos de manejo post-cosecha y elaboración de productos con mayor valor agregado, resultan irrebatibles. Sin embargo, para que ello suceda y los resultados positivos derivados de la asociatividad se obtengan, ésta debe funcionar y con eficiencia; es en este paso de la teoría a su materialización real donde se manifiestan las restricciones y obstáculos de distinto orden