La trazabilidad ya es una realidad en la industria pesquera chilena. Casi todas las empresas cuentan con modernos sistemas que permiten tener un registro completo de los productos que finalmente son enviados al exterior, cumpliendo así con la normativa nacional y con los cada vez más exigentes estándares internacionales.

De acuerdo con lo informado por el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), a través de su Departamento de Sanidad Pesquera, la trazabilidad puede ser definida como “una herramienta utilizada para rastrear el origen de un determinado producto y sus insumos dentro de la cadena de abastecimiento de alimentos, permitiendo identificar y registrar cada paso desde el comienzo hasta el final de la cadena de comercialización”.

El reglamento de la Comunidad Europea (CE) Nº 178/2002, define la trazabilidad como “la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución, de un alimento o una sustancia destinada a ser incorporada en alimentos o con probabilidad de serlo”. A su vez, el Codex Alimentarius -de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS)- la describe como “la habilidad para seguir el movimiento de un alimento a través de los pasos específicos de producción, proceso y distribución”.

Pero, ¿para qué se necesita tanta información? Según el Sernapesca, los productos son trazados, principalmente, por razones de investigación, provenientes de reclamos de clientes y para su retiro desde el mercado ante sospecha o certeza de riesgo sanitario para la población. De hecho, se ha convertido en una exigencia de los mercados, quienes no quieren arriesgarse a aceptar y comercializar productos no que presenten total transparencia acerca de su elaboración, lo cual también se ajusta al perfil de un consumidor que cada día que quiere estar más informado.

Lo cierto es que, como explica la autoridad pesquera nacional, disponer de un sistema de trazabilidad tiene varios beneficios, ya que por ejemplo, “permite a los productores retirar lotes de productos con mayor rapidez, identificar la causa del problema y decidir el destino de los elementos afectados disminuyendo los riesgos para la salud del consumidor, daños económicos y su imagen comercial”.

Además, entrega la posibilidad de vender los productos en mercados más rentables y, al mismo tiempo, genera mayor confianza en el consumidor y en las autoridades competentes, posibilitando actuar de manera más eficaz frente a las alertas sanitarias.