Pese a su presupuesto de $ 160 mil millones –la mitad de los recursos del ministerio- Indap beneficia a apenas un tercio de los pequeños campesinos, revela José Antonio Galilea.

Participación en planes junto a Conadi y programas de apoyo para las zonas salmoneras en 2009 objetadas por la Contraloría; rumores sobre sumarios a trabajadores del organismo en la región del Biobío; reacciones por las cancelación de subsidios  como el “bono maíz” y su inclusión en la lista de reparticiones públicas en la mira de los diputados de la Alianza, que se comprometieron a redoblar su fiscalización a la administración Bachelet.

Una suma de factores que podrían situar nuevamente al Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) en el ojo del huracán, tal como estuvo a lo largo de los gobiernos de la Concertación ante denuncias de irregularidades y utilización política en su asistencia a los pequeños campesinos.
 
Con más de 1.600 funcionarios y un presupuesto cercano a $ 160 mil millones, el Indap capta más de la mitad de los recursos del ministerio de Agricultura, cuyo titular, José Antonio Galilea, está jugado a fondo en una reingeniería del principal organismo de su cartera.

La Segunda